El inicio de febrero marca una cuenta regresiva que genera más dudas que certezas: la llegada obligatoria de la CURP biométrica. Lo que el gobierno presenta como una actualización necesaria para trámites públicos y privados, ciudadanos y especialistas lo ven como una herramienta de control excesivo.

A través de testimonios de amas de casa y adultos mayores, se percibe un sentimiento de desconfianza; para muchos, la información contenida en el INE ya era suficiente y ven en este nuevo requisito un intento por tener a la población bajo una vigilancia constante.

Expertos de Artículo 19 y consultores en ciberseguridad advierten que el riesgo va más allá de un simple trámite. La interconexión de estos datos con una "plataforma central de inteligencia" permitiría una trazabilidad en tiempo real de los actos de cada mexicano.

A esto se suma el negro historial de hackeos y ciberataques a bases de datos gubernamentales, lo que deja en el aire una pregunta inquietante: ¿están realmente protegidos nuestros datos biométricos en manos del Estado?

Mientras la exigencia del documento avanza como cascada, la incertidumbre sobre la privacidad y el uso de esta información se convierte en el verdadero reto para la sociedad mexicana.

Diego Borbolla con la información en #hechosam

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